Durante el sigo XIX, la agricultura era la actividad
económica más importante en España, ya que en ella trabajaba la mayor parte de
la población. Sin embargo, esta actividad presentaba una serie de problemas. En
primer lugar, había una situación de retraso dado las escasas innovaciones
tecnológicas y la baja productividad. Por otra parte, la mayor parte de las
tierras pertenecían a la nobleza, al clero y a los ayuntamientos, que no
pagaban impuestos, y estas tierras a menudo estaban en manos muertas, es decir
no se podían vender, y no se aprovechaban de forma eficiente. Todo esto hacía
que la situación fuese pésima para la economía de este país.
Debido a todo lo anterior, surge la Desamortización, que es
un conjunto de leyes tomadas por el gobierno con el objetivo de liberar las
propiedades amortizadas y devolverlas al mercado. Para llevar a cabo una
desamortización se llevaban a cabo tres pasos:
1. Se publican leyes que permiten la desamortización
2. Se nacionalizan esos bienes
3. Se venden los bienes en subasta pública
Este proceso se desarrollo principalmente desde 1836 hasta
1860. De esta forma, una gran parte de las tierras españolas fueron
privatizadas.
Las desamortizaciones fueron la de Godoy, la de las Cortes
de Cádiz, la del Trienio liberal, la de Mendizábal y la de Madoz.